La Ley 21.732, promulgada el 12 de febrero de 2025, redefine las conductas terroristas y endurece las sanciones, generando importantes cambios en el mundo laboral.
Mayor control en el trabajo → Se refuerza la vigilancia en empresas estratégicas, permitiendo el monitoreo de comunicaciones en casos de sospecha de terrorismo.
Nuevas exigencias para empresas → Sectores como telecomunicaciones, transporte y energía deberán implementar estrictos protocolos de seguridad y reportar actividades sospechosas.
Sanciones severas → Funcionarios públicos o empleados vinculados a terrorismo serán inhabilitados de por vida para ejercer ciertos cargos.
Cambios en contrataciones → Se endurecerán filtros en selección de personal y habrá mayor facultad para despidos por seguridad nacional.
Protección y capacitación → Empresas deberán reforzar medidas de seguridad y capacitar al personal en gestión de riesgos.
La nueva ley busca fortalecer la seguridad, pero plantea desafíos en privacidad, derechos laborales y normativas de cumplimiento